Es probable que con la detención de la pareja Abarca no sea posible saber, en el corto plazo, el lugar donde se encuentran los 43 normalistas y/o sus cuerpos, que es la principal razón del Estado. Y la explicación es elemental. ¿Por qué? Porque si bien los Abarca aparecen como autores intelectuales de la muerte de seis personas y el secuestro de los 43, lo cierto es que ellos habrían ordenado entregar a los jóvenes a la banda criminal de los Guerreros Unidos, los que al final se los llevaron.
Sin embargo, lo que seguramente ya sabe la autoridad federal es el tamaño de la red criminal, los nexos políticos, empresariales, religiosos, con gobiernos municipales, con el gobierno estatal y los congresos local y federal, que hicieron posible crear tal red criminal que se apoderó de Iguala y de buena parte de Guerrero.
Y sin duda que a partir de la noche de ayer (miércoles) son muchos los que no duermen, los que estarán temblando y/o quienes analizan la posibilidad de seguir los pasos de los Abarca. ¿Por qué? Porque pronto van por ellos. Y es que con la detención de Abarca, el gobierno de Peña Nieto tiene en sus manos una mina de información que seguramente podrá revertir el maniqueísmo desatado en su contra.
Y seguro el primero que habrá puesto las barbas a remojar es Andrés Manuel López Obrador. Y es que el criminal más buscado —y su esposa—, ya habrán revelado todo lo que saben respecto de la compra de la candidatura como alcalde de Iguala; el precio pagado y a quién habría beneficiado el dinero y los votos aportados por Iguala a la causa presidencial PRD, PT y MC.
El gobierno federal ya tiene en su poder toda la información para salvar carreras políticas o mandar a prisión a los promotores políticos de Abarca, aquellos que a sabiendas de que pertenecía al crimen organizado le vendieron una candidatura de alcalde. El Gobierno sabe santo y seña de los que le brindaron protección política a Abarca, que solaparon sus arreglos con el cartel Guerreros Unidos y que le ayudaron a escapar de Iguala y permanecer prófugo durante los últimos 37 días.
La autoridad federal también sabe el grado de responsabilidad y complicidad del exgobernador Ángel Aguirre, de las dirigencias estatales y nacionales del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano y, en especial de AMLO. El gobierno federal también pudiera saber en este momento el número de alcaldes del PRD, del PRI del PAN —y de funcionarios del gobierno estatal, de la rectoría de la UAG y de otras dependencias—, que son parte de esa extensa red criminal conocida como Guerreros Unidos.
Y como la información es poder —y en especial todo aquello que sabe un político y criminal como Abarca—, no sería extraño y no sería un asunto menor que pronto empiecen a caer las cabezas de políticos y gobernantes presuntos implicados con los criminales que convirtieron al estado de Guerrero en una entidad sin ley, en manos de las bandas criminales que —sin la tragedia del 26 de septiembre, sin la muerte de seis personas y la desaparición de los 43 normalistas—, habrían seguido impunes.
Y claro, a estas alturas, el gobierno federal seguramente ya realizó una reconstrucción de hechos del primer ataque, del posterior secuestro de los normalistas y de los pasos que siguieron a su levantamiento en Iguala. Y es que si bien la declaración de Abarca y de su esposa constituye la confesión de los autores intelectuales del crimen de los normalistas y del secuestro de otros 43; es sólo una parte, del todo, lo que realmente ocurrió.
Pero también se sabrá —con la declaración de Abarca y su esposa—, si es verdad que grupos o dirigentes de la normal de Ayotzinapa se habrían ligado con bandas del crimen que disputaban el territorio a los Guerreros Unidos y que, por esa razón, se produjo la tragedia. O si bien es cierta la hipótesis de que todo fue producto de un capricho político; impedir que los normalistas opacaran la imagen de la primera dama —de la pareja imperial—, y potencial sucesora en el cargo de la alcaldía de Iguala.
De igual manera, es probable que la ‘pareja imperial’ haya “cantado” otras matanzas ocurridas en la región de Iguala, en donde han aparecido no pocas fosas clandestinas que fueron utilizadas por grupos criminales que sepultaron a sus víctimas. ¿Cuántos muertos deben los Abarca? ¿Cuántas muertes costó construir su imperio caciquil?
Sí, el gobierno de Peña Nieto dio el primer gran golpe en la crisis de Iguala, pero también es cierto que tiene en sus manos una mina de oro que puede cambiar la historia. Al tiempo.
