“El país hierve”. Así definió un columnista del diario El Universal la situación de México tras la desaparición de 43 estudiantes y el hallazgo de fosas clandestinas en Guerrero.
Analistas, legisladores y organizaciones civiles afirman que es la peor crisis política y de seguridad en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inició en diciembre de 2012.
Incluso el mandatario define el momento como “un gran reto para el estado mexicano”, y comprometió a todo su gobierno para localizar a los desaparecidos: los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos que fueron atacados por policías de Iguala el pasado 26 de septiembre.
Pero la crisis puede crecer e incluso algunos ven la situación actual como una bomba de tiempo para el país.
“Guerrero es un estado emblemático por la acumulación de violencia a lo largo de decenios”, le dice a BBC Mundo el antropólogo Roger Bartra, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Movimientos
Mientras, estudiantes de escuelas normales rurales, de universidades en seis estados, sindicatos y otras organizaciones han realizado protestas para exigir la ubicación con vida de los estudiantes.
Algunos como Jesús Martín del Campo, miembro del Comité del 68 –una organización civil de activistas del movimiento estudiantil de ese año- creen que lo sucedido en Iguala reúne a cada vez más jóvenes.
“Es muy animador, muy esperanzador que los jóvenes contribuyan con su movilización y su participación a que esclarezcamos estos acontecimientos, y que también demos otra señal que no sea de desesperanza”, le dice a BBC Mundo.
Pero al mismo tiempo grupos como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), anunciaron una ofensiva contra los miembros de la banda Guerreros Unidos, responsables de la desaparición de estudiantes según la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR).
Además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció medidas cautelares para los familiares de las víctimas, mientras que parlamentarios europeos y el representante adjunto en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su preocupación por lo que sucede en el estado.
El presidente Peña Nieto insiste en que no habrá impunidad en el tema. “Seguiremos trabajando sin descanso en esta búsqueda”, resalta.
En el rastreo de los estudiantes de Ayotzinapa participan cientos de policías federales, policías comunitarios y compañeros de las víctimas. La búsqueda se realiza en cerros, minas, cuevas, ríos y lagunas.
Las autoridades desarmaron además a los policías de 15 municipios de Guerrero y el Estado de México, y hasta el momento más de 30 personas han sido detenidas.
El caso rebasó las fronteras mexicanas, señala José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
“La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ha causado una oleada de indignación nacional e internacional”, advierte.
