En la tarde de este miércoles Fiscalía acusará a curadores del Space

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Foto: Archivo EL TIEMPO Eliney Francis Llanos, excuradora segunda de Medellín, aprobó la licencia de construcción de tres etapas del Space. Hoy será acusada.

COLOMBIA. La Fiscalía sacará los ases bajo la manga para acusar formalmente, por prevaricato por acción, a los curadores urbanos que aprobaron las licencias de construcción y de modificaciones del demolido edificio Space.

Para el ente judicial es claro que en la Curaduría Segunda se presentaron una serie de irregularidades que llevaron a que el proyecto no fuera revisado tal cual lo exigía la norma de sismorresistencia (NSR98) que regía en ese momento.

Por eso, este miércoles a las 2:00 p.m., la excuradora Eliney Francis Llanos –la que aprobó las licencias de las torres 1, 2 y 3– y el relevado curador Carlos Ruiz, que aprobó las otras tres etapas, escucharán cuáles son las pruebas que los comprometen con el colapso del Space en el que el 12 de octubre del 2013 murieron 12 personas.

De acuerdo con la investigación ambos funcionarios debieron haberse enterado, con solo ojear los diseños estructurales del edificio, las evidentes fallas que allí consignó el ingeniero calculista Jorge Aristizábal.

“En el incumplimiento de la norma NSR98, de ahí se deriva todo.  Este miércoles es el descubrimiento probatorio que los involucra directamente (a los curadores) con el caso”, indicó la fiscal (e) de Medellín, Ángela Bedoya.

Los insumos con los que cuentan revelarán que no solo aprobaron la construcción violando la norma, sino que también ellos conocían que esa estructura no cumplía con los requisitos mínimos para su ejecución y, aún así, la avalaron con su firma.

“Muy probablemente ellos se dieron cuenta de lo que estaban aprobando. La imputación es por prevaricato por acción y, el prevaricato es un delito doloso, es decir, un delito que se comete con conocimiento”, añadió la fiscal.

Paradójicamente la defensa de los curadores se basará en que ellos actuaron cumpliendo la norma que los rige. Al menos así lo sostuvo el abogado defensor del curador Ruiz, David Gutiérrez.

“Él realizó el procedimiento ajustado a la ley por ende no profirió ninguna resolución manifiestamente contraria a la ley”, dijo pese a que los estudios indican que los curadores no realizaron su tarea de revisión como lo requiere la norma.

Por lo contrario reiteró que su defendido no tenía la competencia de auditar el diseño estructural pues este venía avalado por un segundo ingeniero calculista: Mauricio Ardila, quien no ha sido involucrado en el caso.

“No es competencia del curador, según la norma, auditar los cálculos. Cuando se solicita la licencia la ley dice que debe haber un segundo ingeniero experto que revise los cálculos y quien los revisó fue el ingeniero Mauricio (Ardila). El curador no está para eso”, agregó.

Y fue más allá. Pues, según él, de demostrarse la inocencia de Ruiz, demandarán al municipio, que para él es el único responsable de que el edificio Space se hubiese terminado con las patologías estructurales que lo hicieron colapsar.

“El auditor del proyecto debió ser Planeación municipal, no el curador”, aseguró.

La Fiscalía, sin embargo, basados en los informes técnicos, considera lo contrario. Según Bedoya, están seguros de la responsabilidad de los exfuncionarios en el desplome y de llegarse a corroborarlo estos podrán purgar penas mínimas de cuatro años y una inhabilidad de 44 a 66 meses para contratar con el estado.

CDO prefería a Curaduría Segunda

La Curaduría Segunda de Medellín era la preferida del grupo CDO para conseguir la aprobación de las licencias de construcción de gran parte de sus proyectos de unidades residenciales.

Así lo reveló el gerente de Vivienda Segura, Diego Restrepo. De acuerdo con el funcionario, en esas oficinas se aprobaron siete de los nueve edificios que tienen algún tipo de patología, todos con diseños estructurales del controvertido ingeniero calculista Jorge Aristizábal.

Estos son Space (demolido), Continental Towers (evacuado), Asensi (evacuado), Cerezos de Calasania (sin evacuar), Colores de Calasania (evacuado), Punta Luna (habitado) y Punta Luna 3 (sin entregar).

La Curaduría Cuarta, otra de las señaladas por supuestas irregularidades, aprobó las licencias de Altos de San Juan y San Miguel del Rosario.

Por otro lado, los planes urbanísticos –donde no hay competencia para revisar los diseños estructurales– del Asensi y Continental Towers los consiguieron en la Curaduría Primera.

Queda así demostrado que tanto para la constructora como para el ingeniero Aristizábal era mucho más fácil hacer los trámites respectivos en la Curaduría Segunda, que estuvo a cargo de Eliney Francis Llanos y de su sucesor Carlos Ruiz.

En casi todos esos proyectos sirvió como ingeniero revisor el mismo del Space: Mauricio Ardila. Incluso, en algunos de ellos él firmaba como calculista y su revisor era Aristizábal

Pero llegaron a tal punto, que el 20 de diciembre del 2007, en ese entonces el curador Ruiz, exoneró de la supervisión técnica a cuatro proyectos de CDO: Colores de Calasania, Santa Fe de Pilarica, Bosques 2 y una de las fases del Space.

“Revisada la documentación anexada por medio de la cual acredita a las empresas Lérida CDO S.A., Vifasa CDO S.A., Acuarela CDO S.A. y Calamar CDO S.A. se encuentran certificadas por el Incontec, bajo las normas ISO 9001:2000, todas ellas vigentes para el año 2008, además de demostrar las calidades y experiencia que posee el director de la obra el arquitecto Wilmar Antonio Sehoanes Barros, profesional con más de cinco años de experiencia en la construcción, interventoría y supervisión técnica de proyectos constructivos”, argumentó Ruiz para no exigirles la revisión técnica.

Revelarán correos

Unos correos electrónicos e información extraída de dos computadores y dos discos duros (con alrededor de 16.000 registros) del ingeniero Jorge Aristizábal serán revelados este miércoles en la audiencia de acusación en contra de los curadores del Space. Estos se consiguieron el 30 de octubre del 2013, tras un allanamiento a la oficina del polémico calculista.

De acuerdo con el ente judicial ese cruce de información compromete también a Pablo Villegas, representante de Lérida CDO y María Cecilia Posada, directora de obras, que como Aristizábal fueron imputados por homicidio culposo. Según la Fiscalía esa información sería de suma importancia para los dos procesos que se llevan por el desplome del Space.

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