Roma, Italia. El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, fue interrogado hoy por los jueces que indagan sobre la presunta negociación que el Estado habría emprendido con Cosa Nostra, la mafia siciliana, en los años 90 para poner fin a una ola de atentados. El interrogatorio tuvo como sede el Palacio del Quirinale, sede de la jefatura de Estado, a donde se dieron cita los jueces Alfredo Montalto (titular de la Corte de Palermo), Stefania Brambille, Valeria Bergamini y seis jueces populares.
En total estuvieron presentes casi 40 personas, entre ellas los fiscales Vittorio Teresi, Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia, Francesco Del Bene y Leonardi Agueci, además de los abogados de varios mafiosos, incluido el de Salvatore “Totó” Riina, el “jefe de todos los jefes”, encarcelado desde 1992. Sin embargo, el acto estuvo cerrado a periodistas y cámaras de televisión y se desarrolló en la sala del Bronzio del Quirinale, una estancia sin ventanas conocida como la “Sala Oscura” y que era utilizada en el pasado por los papas para eventos de representación.
Los únicos que debían hacer preguntas a Napolitano son los fiscales Teresi y Di Matteo que, como está previsto por el expediente de las pruebas, se debían basar en una carta enviada al presidente en junio de 2012 por el ex consejero jurídico del Quirinale, Loris D’Ambrosio, fallecido ese mismo año. En esa misiva D’Ambrosio reconocía que había sido un “ingenuo y útil escribano de acuerdos indecibles” en el periodo de 1989 a 1993, cuando habría tenido lugar la negociación entre representantes de las instituciones y Cosa Nostra.
Asimismo, se esperaba que el mandatario fuera interrogado en relación a un atentado que la mafia habría preparado en su contra en 1993, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. Fue la fiscalía de Palermo la que pidió interrogar a Napolitano luego de que se conociera el contenido de la carta de D’Ambrosio.
Asimismo, después de que fueran interceptadas por la policía pláticas telefónicas en las que el senador Nicola Mancino, que entre 1992 y 1994 fue ministro del Interior, pedía a un consejero del mandatario frenar la indagación sobre el pacto con la mafia. Mancino fue después acusado de falso testimonio en el proceso de Palermo, en el que también son imputados los principales jefes de la mafia siciliana, sicarios menores y altos mandos de los carabineros, como los generales Mario Mori y Antonio Subranni, además del ex-senador Marcello Dell’Utri, íntimo colaborador del ex primer ministro, Silvio Berlusconi.
Supuestamente la negociación del gobierno con Cosa Nostra permitió poner fin a la ola de atentados cometidos por la organización criminal entre 1992 y 1994, como los asesinatos de los jueces antimafia Giovanni Falcone y Paolo Borsellino o bombazos en Florencia, Roma y Milán que causaron varios muertos, decenas de heridos y daños incalculables.
La mafia lanzó la más violenta ofensiva de su historia contra el Estado en respuesta a las sentencias del llamado “maxi proceso”, celebrado entre 1986 y 1992, en el que casi 400 mafiosos fueron condenados a penas que en total sumaron dos mil 665 años de prisión.
