COLOMBIA. Fueron 13 los prevaricatos que, según la Fiscalía, cometieron los curadores segundos Eliney Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz Arango en el proceso de aprobaciones y modificaciones de las licencias de construcción del demolido edificio Space.
Carlos Ruiz aprobó las fases 4, 5 y 6 del edificio Space. |
De acuerdo con el material probatorio presentado el miércoles –en la audiencia de formulación de acusación– por el fiscal 56 de Delitos Contra la Administración Pública el caso más delicado es el de Ruiz, que durante el desarrollo de la diligencia se vio tranquilo y sonriendo.
Las pruebas recolectadas dan cuenta de que el relevado y polémico curador prevaricó en nueve oportunidades. Así lo dejan ver los 41 puntos que violó de la Norma de Sismorresistencia de 1998 (NSR98) al aprobar licencias de las etapas 4 y 5, que se construyeron bajo esa reglamentación.
En la del 2010 (NSR10), que rigió la construcción de las dos etapas de la torre 6 –que se desplomó el 12 de octubre del 2013 matando a 12 personas– incumplió la normatividad en 38 ocasiones.
“Él tenía pleno conocimiento de que su comportamiento era contrario a la norma y aunque tuvo oportunidad de negarse a aprobarlas (esas licencias y modificaciones) lo hizo”, indicó el fiscal.
Y es que para el ente judicial está claro que el edificio, desde su concepción, no se ajustaba a lo exigido por la ley y que, incluso, solo bastaba una revisión a mano alzada para enterarse de los evidentes errores que contenían tanto los diseños estructurales como los planos.
Esa aseveración la argumentó el fiscal escudándose en los peritos técnicos realizados por una firma de ingeniería de
Armenia liderada por el reconocido calculista Leonardo Cano.
Además, los estudios contratados por la Alcaldía de Medellín con la Universidad de los Andes, lo corroboran. Estos últimos, según el fiscal, evidencian que ni las columnas (ni su profundidad), ni las vigas, ni los estribos, entre otros detalles técnicos, tenían la capacidad suficiente para sostener la carga vertical ni los movimientos horizontales de la estructura, que podrían presentarse con los vientos y con un sismo.
“El edificio no soportaba su propio peso”, reiteró.
Francis Llanos, también habría violado 41 puntos de la norma de sismorresistencia NSR98, similares a los que incumplió Ruiz. Ella aprobó las fases 1, 2 y 3.
Eliney Francis Llanos, aprobó las fases 1, 2 y 3 de Space. |
Su agravante es que aprobó los planes urbanísticos que permitieron que el Space se construyera en seis fases, sin haber separación de juntas.
Eso significa que el edificio se construyó como uno solo y no por estructuras separadas –como debió ser–. Es decir, la pared de la torre 6, por ejemplo, que lindaba con la 5 era la misma: no se hizo la separación.
Tal cual como Ruiz, según el fiscal, Francis Llanos –quien se veía nerviosa, moviendo sus pies– tenía pleno conocimiento de que los diseños y planos de la unidad residencial no cumplían con la normatividad vigente: “y aún así los aprobó”.
Lo más delicado, según el fiscal, es que ninguno de los dos funcionarios advirtieron sobre esos problemas que llevaron al colapso.
Al termino de la audiencia que duró tres horas y media, el abogado defensor de Ruiz, David Gutiérrez, dijo que a su cliente no le competía revisar ni los planos ni los cálculos estructurales del Space que fueron realizados por Jorge Aristizábal
“Hubo un segundo revisor (el ingeniero Mauricio Ardila) que avaló la viabilidad de esos diseños tal cual lo permite la ley (…) Habrá que preguntarle al fiscal por qué ese señor no está dentro del proceso”, se preguntó.
Municipio se declara víctima del edificio Space
Fue toda una sorpresa que en la audiencia de formulación de acusación apareciera un abogado trayendo un mensaje de la Alcaldía de Medellín: el municipio quiere declararse víctima.
El gerente de Vivienda Segura, Diego Restrepo, explicó que fueron muchos los perjuicios que tuvo la ciudad con el colapso de la torre 6 del Space y la crisis que generó el proceso que terminó el pasado 23 de abril con la implosión del resto de la estructura.
“Lo hacemos también para evitarnos futuras demandas”, añadió.
Además, la constructora Lérida CDO, en liquidación, le adeuda a la ciudad alrededor de 5.000 millones de pesos: 3.500 millones por la emergencia que hubo después del 12 de octubre del 2013 y los 1.500 millones que valió la implosión y la recolección de más de 30.000 metros cúbicos de escombros que avanza en el momento.
El Juzgado 13 Penal de Circuito, al culminar la acusación en contra de los curadores que con anterioridad fueron imputados por el delito de prevaricato por acción, aceptó la pretensión a la administración municipal y en la próxima diligencia, que será la de preparatoria, Medellín será una víctima más del Space.
Como siempre lo hace, la familia de Juan Esteban Cantor, el residente que murió en el desplome, estuvo presente en dicha audiencia: “Nos parece que los curadores tienen todo que ver con lo que pasó, porque ellos son arquitectos y deberían tener la idoneidad sobre lo que están haciendo. Las pruebas indican que ellos sabían. Es más, yo no entiendo como el curador que vivía en la urbanización no se tomó la molestia de revisar”, dijo Ángela Cantor, hermana del joven de 23 años.
