El Reino Unido ha tomado serias cartas al respecto del recurrente problema de los denominados ‘troles’- personas que atacan, la mayoría de las veces con saña, a quienes exponen sus puntos de vista en redes sociales- con una nueva versión de su ley de “comunicaciones maliciosas”.
La ley de “comunicaciones maliciosas” vigente en ese país contemplaba el hacer pagar a los ‘troles’ hasta seis meses de cárcel por atacar o amenazar verbalmente a otros usuarios. Sin embargo, su alcance fue puesto de nuevo en discusión luego de una polémica con la presentadora de televisión Judy Finnigan.
Todo empezó con la decisión de un juez de liberar al futbolista Ched Evans, condenado por violación, después de pagar dos años de cárcel. Finnigan se declaró públicamente de acuerdo con el fallo, porque -dijo- la violación “no fue agresiva” y no “causó daños”.
Inmediatamente los usuarios de las redes sociales atacaron su perfil de Twitter, que recibió docenas de agravios y amenazas. Chloe Madeley, hija de Finnigan, entró a la discusión para defender el punto de vista de su madre, pero solo logró que algunos usuarios inundaran de críticas su perfil. Entre los muchos comentarios hay varias amenazas de violación.
El caso llegó a instancias judiciales y recibió un amplio despliegue en medios. Numerosas voces, de columnistas a políticos, se levantaron para pedir medidas en contra del ciberacoso.
El domingo, en una entrevista el periódico Mail on Sunday, el ministro de Justicia británico, Chris Grayling, dijo que los troles son “cobardes que envenenan nuestra vida” y asegura que nadie permitiría un comportamiento similar en persona. El político expresó su determinación de impulsar una enmienda a la ley de “comunicaciones maliciosas” la cual ampliaría la pena de cárcel para ‘troles’ a dos años.
Según Grayling, la ley buscaría “combatir la crueldad y marca nuestra determinación de adoptar una postura en contra de esta cibermafia”.
Aunque Madeley se dijo una “ferviente partidaria de la libertad de expresión y de las redes sociales”, afirmó que “las amenazas de cualquier tipo no deben ser interpretadas como libertad de expresión. Amenazar con dañar a otros es extremo y cruza la línea de la opinión personal al comportamiento criminal”.
Redacción Tecnósfera
