Guerrero.- Hace dos semanas, 43 estudiantes normalistas desaparecieron, presuntamente a manos de policías en Iguala, estado de Guerrero. Violentas protestas se han generado en Chilpancingo, protagonizadas por estudiantes y maestros que exigen el regreso de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Maestros del sindicato Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación trataron de entra a la fuerza a las instalaciones del Congreso local, donde unidades anti-motines impidieron su paso, para luego trasladarse a Palacio de Gobierno, y acompañados de cientos de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquearon la entrada a la sede del ejecutivo.
Los estudiantes y maestros atacaron el edificio con piedras, barras de metal y bombas molotov, rompieron ventanales y prendieron fuego a algunas oficinas.
Unos 2,000 funcionarios trabajan diariamente en Palacio de Gobierno, los manifestantes dejaron salir primero a las mujeres, horas después a los demás, y entonces comenzaron su ataque contra el edificio gubernamental.
Los manifestantes también prendieron fuego a un vehículo cerca de Palacio, para impedir el paso de las fuerzas de seguridad.
El gobierno local realizó una conferencia de prensa para hacer un llamado a la calma, cuando los manifestantes tenían todavía tomado el ayuntamiento.
Jesús Martínez, secretario del gobierno estatal, subrayó que durante toda la jornada “no hubo ninguna agresión” de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, a los que solo se contuvo, y anunció que el martes el efectivo policial se reforzaría con equipos de anti-disturbios. El funcionario también recordó que el primer objetivo del gobierno de Guerrero es continuar con la búsqueda y el diálogo con los manifestantes.
Los manifestantes mostraban su indignación hacia los hechos ocurridos en Iguala el pasado 26 de septiembre, hechos que expusieron un problema extendido en muchos lugares en México: policías y políticos locales que están vinculados con el crimen organizado. Un total de 26 policías están presos por los ataques de septiembre, mientras tanto, las autoridades tratan de identificar si las 10 fosas clandestinas halladas recientemente contienen los restos de los estudiantes.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, se encuentra prófugo de la justicia mexicana, y según declaraciones de los detenidos, la policía que atacó a los estudiantes trabajaba para el cartel de la droga Guerreros Unidos.
